Benjamín Mojica Mojica, de 28 años de edad, fue condenado a seis años de prisión por haber violado a una mujer de 48 años de edad e en el municipio de Nueva Concepción, Chalatenango, según confirmó la Fiscalía General de la República (FGR).

El expediente judicial detalló que el septiembre de 2007, la mujer se encontraba en su vivienda, cuando el imputado irrumpió en la misma y la llevó a uno de los cuartos de la casa y la amenazó con una navaja que portaba.

Mojica Mojica enfatizó que ese día violaría a la mujer, le advirtió y le dijo que si se oponía la mataría con el arma blanca.

El sujeto sació sus bajos instintos y huyó del lugar.

La mujer denunció el hecho y las autoridades procedieron a la captura del acusado, quien tras se enjuiciado, fue condenado a seis años de prisión por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango.

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El Tribunal de Menores de Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, sancionó con tres años de internamiento y tres años de libertad asistida a un joven de 16 años identificado como Cristian N., por el delito de violación en menor Incapaz en la modalidad continuada.

Según el informe fiscal, el día 28 de enero pasado, la madre de Nancy*, una niña de nueve años de edad residente en el departamento de La Paz, se disponía a descansar. La mujer acompañó a su hija a su habitación, como era costumbre.

Una plática habitual, entre una madre y su hija, se tornó en algo indeseado. Un trauma.

La mujer, antes de arropar a su hija, observó un comportamiento distinto, “raro”. Nancy se rehusó a darle la cara a su madre. Se negó a recibir un beso. Se mostró triste, hasta el punto que rompió en llanto.

La madre de Nancy, al ver el comportamiento de su hija se preocupó, buscó la manera de tranquilizar a la menor.

“Mami, te digo algo”, le dijo Nancy. La madre preocupada la observó. La escuchó.

Nancy volvió a llorar, pero esta vez contó. Su primo, Cristian, la había violado en al menos tres ocasiones.

Los hechos comenzaron a inicios del mes de enero. Nancy, al salir de la escuela a la que asiste se conducía hasta su vivienda. Acá pasaba las tardes con su primo Cristian. Los menores se hacían compañía.

Un día el comportamiento de Cristian cambió. Ese día el joven de 16 años obligó a Nancy a acostarse y desvestirse. Ese día la violó. No fue una vez. En total, la Fiscalía documentó que la niña fue abusada en tres ocasiones.

La madre de Nancy acudió al puesto policial más cercano y denunció a su sobrino. El menor fue capturado en el mes de febrero.

La condena se logró posterior a que la representación fiscal logró comprobar la culpabilidad del joven en la violación de su prima, una niña de nueve años de edad, en diversas ocasiones. Hechos ocurridos durante el mes de enero pasado, informó el Ministerio Público.

*Nombre ficticio

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Jeff Sessions, Fiscal General de los Estados Unidos, finalizó este viernes su visita de dos días a El Salvador.

Durante su visita, el Fiscal General Sessions aprovechó la visita para reunirse con sus contrapartes del Triángulo Norte, el Fiscal General de El Salvador, Douglas Meléndez, la Fiscal General de Guatemala, Thelma Aldana, y el Fiscal General de Honduras, Óscar Chinchilla.

Además, se reunió con el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén y otros funcionarios de gobierno.

El encuentro sirvió para hablar sobre la importancia de la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas y corrupción. También, dialogó sobre temas relacionados a la seguridad y la lucha contra las pandillas.

Jeff Sessions fue confirmado el 9 de febrero por el Senado como el 84° Fiscal General de los Estados Unidos de América. Antes de ser confirmado, Sessions fue Senador por el Estado de Alabama por 20 años. Previo a su experiencia en el Senado, fue Fiscal General de Alabama.

Fiscal Sessions se reunió con sus homólogos del Triángulo Norte

El Fiscal Jeff Sessions se reunió con sus homólogos de Guatemala, Honduras y El Salvador para darle seguimiento a los avances obtenidos luego de la reunión de marzo en Washington D.C. y la de junio en Miami con respecto al tema de seguridad.

Durante la reunión, discutieron esfuerzos para desmantelar a las pandillas MS-13, Barrio 18 y otras pandillas, y la lucha en contra del crimen organizado y la corrupción.

Este encuentro fue un paso más en el avance de la cooperación continua en los esfuerzos conjuntos en materia de seguridad regional para luchar contra las pandillas, los narcotraficantes y la corrupción que amenazan la estabilidad de la región y a los ciudadanos de todas nuestras naciones.

Los Estados Unidos y los países del Triángulo del Norte trabajan juntos para combatir a la delincuencia en Centroamérica como en los Estados Unidos.

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En El Salvador se registran-diariamente- un promedio de 63 accidentes, 3 fallecidos y 27 lesionados a causa de accidentes de tránsito, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC).

En países de ingreso bajo y medio, un rango comprendido entre el 33% y 69% de los conductores que murieron habían ingerido alcohol. De igual manera, entre el 8% y 29% de los conductores lesionados también habían consumido bebidas embriagantes, de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud (OMS).

En El Salvador no se tiene un registro que vincule estrictamente los accidentes de tránsito con el alcoholismo porque a los accidentados no se les toman muestras de concentración de alcohol en sangre para conocer si las lesiones fueron resultado de la influencia del alcohol. Según registro de la PNC, la conducción bajo efectos de alcohol ocasionó 476 accidentes de tránsito en 2016; en lo que va de 2017, se tienen 260 accidentes hasta julio.

La conducción en estado de ebriedad se constituyó como la 8° causa de accidentalidad vial en 2016, que corresponde a un 2% del total de accidentes en ese año. La conducción peligrosa nos dejó 33 fallecidos y 444 lesionados. El 64% de las muertes y el 65% de los fallecidos sucedieron entre los días viernes, sábados y domingos.

Los costos de atención a estas lesiones por accidentes de tránsito son altos en el Sistema Nacional. Solo en 2016 se registraron en el Sistema de Lesiones de Causa Externa (SILEX) 26,531 lesionados por accidentes de tránsito; de este total de atenciones, 21,316 fueron ambulatorias, lo que representó una inversión de $905 mil y 5,215 atenciones fueron ofrecidas en hospitales, lo que significó $12.8 millones de inversión para Salud. En total las atenciones tienen un costo global de $13.6 millones.

Es por esta razón y teniendo en cuenta deatos de la Encuesta Nacional de Tabaco y Alcohol (ENAT), el Fondo Solidario para la Salud (FOSALUD) lanza la campaña de prevención “Los estrenos del alcohol” cuyo objetivo es crear conciencia en la juventud y población sobre el consumo nocivo de alcohol, la conducción peligrosa y los riesgos de sufrir lesiones por accidentes de tránsito; dicha acción de comunicación se mantendrá por el resto del año, con mayor intensidad, en vacaciones.

Lo anterior se sustenta sobre la base técnica de la ENAT que indica del estudio que 2.1 millones (51.6%) de personas de 18 años han consumido alcohol alguna vez a lo largo de su vida y 735,822 (18.03%) de bebedores actuales de alcohol. El 47% de los bebedores actuales iniciaron consumo en edades tempranas (15 y 19 años).

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Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, recibió un pago mensual entre $10,000.00 y $20,000.00 de parte de la presidencia de Carlos Mauricio Funes Cartagena y la de Salvador Sánchez Cerén, reveló el mismo exfuncionario a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

Cuando Probidad cuestionó a Martínez sobre el pago de tarjetas de crédito, que no podía cubrir con su salario como fiscal, este intentó desvanecer los señalamientos diciendo que “delegados de Casa Presidencial” durante el gobierno de Mauricio Funes le entregaron mensualmente entre $10,000.00 y $20.000.00 durante un periodo de 29 meses.

De igual manera, la presidencia de Salvador Sánchez Cerén le dio esa misma cantidad durante 7 meses.

Parte del informe de Probidad.

El dinero era entregado sin ningún comprobante, de manera secreta, por lo que Probidad hizo ver que era inaceptable que un funcionario elegido para defender los intereses del Estado y la sociedad dijera que la “la entrega y recepción de cantidades de dinero en tales condiciones era legal”.

El exfiscal Martínez guarda prisión en Mariona por los delitos de fraude procesal y omisión de la investigación. Además, está siendo procesado por enriquecimiento ilícito. El exfuncionario no ha podido justificar cuentas bancarias que estaban a su nombre, de su esposa y de un hijo.

El 21 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda contra el exfical Luis Martínez por el delito de enriquecimiento ilícito por un valor de casi medio millón de dólares.

Según la Fiscalía, el exfuncionario tuvo un incremento injustificado en su patrimonio por $486,213.

Las investigaciones de la Fiscalía, que comenzaron tras un informe de la Sección de Probidad, señalan una serie de irregularidades en el patrimonio del exfiscal Martínez. “Él hizo pagos a diversas tarjetas de crédito con fondos de la Fiscalía; además, se ubicaron depósitos en cuentas bancarias que el exfuncionario no pudo justificar”.

La colusión de Martínez con Enrique Rais

El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) multó, el 14 de julio de 2016, a Luis Martínez con $8,954 por valerse de su cargo para “vender justicia”.

El TEG concluyó que Martínez “vendió justicia” al empresario José Aquiles Enrique Rais a cambio de favores personales, entre los que destacan una larga lista viajes en jets privados a varios países.

“El señor Luis Martínez hizo alrededor de una docena de viajes al exterior, todos como invitado de un señor que tiene investigaciones, o tenía investigaciones abiertas en la propia Fiscalía. Fue a Estados Unidos, a México, a Honduras, a Costa Rica, a Panamá solo con el señor Rais o acompañado de su esposa (del fiscal) o de sus hijos”, señaló el presidente del TEG, Marcel Orestes Posada.

Durante meses Luis Martínez guardó prisión en las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC). Pero desde enero pasado, el exfiscal y otros funcionarios acusados de corrupción, fueron trasladados al penal La Esperanza, conocido como Mariona, después que la Dirección General de Centros Penales (DGCP) habilitó el sector 9 de dicho reclusorio.

El Juzgado 14° de Paz de San Salvador congeló las cuentas bancarias y bienes del exfiscal general como parte de la investigación que se sigue en su contra.

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La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró este viernes improcedente la demanda contra Gerardo Antonio, José Alejandro y Christian Eduardo Saca Mixco por el delito de enriquecimiento ilícito.

Según la Sala, los hijos del expresidente Elías Antonio Saca y Ana Ligia Mixco de Saca no fueron empleados ni funcionarios públicos, por lo que no es posible llevarlos a juicio.

Esta resolución fue dada después que la Fiscalía presentara una apelación al fallo dado por la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro para que se incluyeran a los hijos de Saca en el proceso civil.

Elexpresidente y su esposa fueron demandados ante la Cámara por posible enriquecimiento ilícito, ya que no pudieron justificar su incremento patrimonial en sus declaraciones ante la Sección de Probidad de la CSJ.

De acuerdo a la Fiscalía, Saca es procesado por la cantidad de $3,970,000; mientras que Ana Ligia de Saca no justificó $580,608.

El expresidente y su esposa deben responder a la demanda civil hasta el 30 de agosto. Si los magistrados de la Cámara no encuentran algún inconveniente, programarán una fecha para la audiencia preparatoria donde la Fiscalía y la defensa aportarán pruebas de cargo y descargo, previo a la audiencia probatoria.

En caso de ser encontrados culpables, el expresidente y la exprimera dama devolveran el dinero y tendrán una inhabilitación de 10 años para ejercer o buscar cualquier cargo público.

Actualmente, Saca es procesado por los delitos peculado, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expresidente se encuentra recluido en el sector 9 del Centro Penal “La Esperanza”, conocido como Mariona.

Por su parte, la exprimera dama es procesada en libertad por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas.

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Un cabo de la Fuerza Armada fue asesinado este viernes en el cantón Gualama, municipio de Chapeltique, departamento de San Miguel, reportó la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la policía, la víctima fue atacada a balazos por pandilleros. La identidad del fallecido no fue revelada.

Sin embargo, la Fuerza Armada, a través de su cuenta oficial de Twitter, confirmó que el fallecido era un administrativo, destacado Tercera Brigada de Infanteria y señaló que el homicidio ocurrió en el municipio de Moncagua, San Miguel.

Las autoridades no descartan que el crimen esté relacionado con venganzas de estructuras delictivas.

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La Policía Nacional Civil realizó entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado un operativo en varios puntos del departamento de La Unión, que terminó con la captura de 38 sujetos ligados a la pandilla MS-13.

El operativo fue en conjunto con la Fiscalía General de la República, la cual señaló que con las capturas se busca esclarecer al menos 14 casos de homicidios y otro caso de proposición y conspiración.

Como parte de la captura a los detenidos se les decomisó 40 porciones de cocaína, una libra de marihuana, 6 celulares y un vehículo ligado a esta estructura pandilleril.

Durante la semana las autoridades desplegaron una serie de operativos que acabaron con la captura de más de 500 personas ligadas a pandillas y vinculadas con diversos delitos como homicidio y extorsión.

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Una cárcava de enormes proporciones imposibilita el paso en una importante arteria de la capital. La avería se ocasionó entre la Calle a San Antonio Abad y la 75 Avenida norte.

La arteria vial cedió a las fuertes lluvias suscitadas en los últimos días. Según el Ministerio de Obras Públicas, la avería tiene una profundidad de más de cuatro metros y unas dimensiones de 12 por 7 metros.

El director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) Felipe Rivas, afirmó este sábado que un colapso de tuberías de aguas lluvias y aguas negras que pasan por debajo de la arteria provocó el desastre.

Este sábado empezaron los trabajos para reparar la calle y no se ha dado el detalle de cuánto tiempo podría estar inutilizada la arteria.

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José Rodolfo Pereira, líder de un sector de vendedores ambulantes de Soyapango, se recupera de un ataque armado en su contra que le propinaron sujetos desconocidos a la altura de la Avenida Independencia de esta capital.

Pereira recibió auxilio por parte de Comandos de Salvamento, que lo trasladó a un centro asistencial cercano.

Informes proporcionados por Comandos indican que Pereira tenía al menos 11 disparos de bala cuando fue encontrado. De momento no se tiene certeza de los motivos detrás del ataque.

El comerciante se encuentra actualmente en un hospital privado del centro capitalino y su condición es estable, según allegados.

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El paso de una onda tropical sobre territorio salvadoreño facilitará la formación de lluvias, principalmente en la zona norte y la cadena volcánica del país, de acuerdo con las estimaciones meteorológicas difundidas por el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

Para este sábado se espera que el cielo se presente despejado a poco nublado por la mañana y medio nublado a nublado, por la tarde y noche, con la aparición de lluvias y tormentas eléctricas dispersas de moderadas a fuertes, acompañadas de vientos rafagosos y fuerte actividad eléctrica.

La influencia de esta onda tropical provocó una serie de percances la noche del viernes, como el colapso de la intersección de la Calle San Antonio Abad y 75 avenida Norte, formándose una enorme cárcava que tardara una semana en ser reparada, según las autoridades.

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La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró el pasado jueves que el Presupuesto General de la Nación para el año 2017 es inconstitucional debido a estar desfinanciado, principalmente al subestimar erogaciones en el pago de obligaciones previsionales.

Por tal razón, urgió al gobierno y a la Asamblea Legislativa a que realicen las modificaciones necesarias al presupuesto que para este año es de $4,957.8 millones, para poder superar las inconstitucionalidades encontradas, antes del 31 de octubre. La Sala dictó esta fecha ya que considera que no se podía dejar sin vigencia de forma inmediata, un presupuesto que ya se encuentra en ejecución.

Los magistrados de la Sala señalaron una serie de razones por las cuales el gobierno presentó un presupuesto desfinanciado y no tiene recursos para cumplir con sus obligaciones. Entre esas observaciones se encuentra el oneroso gasto que los tres órganos del Estado realizan en la contratación de seguros médicos privados.

“Se advierte que tanto los órganos fundamentales de gobierno –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, como otros órganos e instituciones del Estado, destinan cada año cuantiosas cantidades de dinero para pagar seguros médico-hospitalario para sus funcionarios y jefaturas, lo cual representa una carga considerable al presupuesto del Estado”, dice un extracto de la sentencia de la Sala emitida el jueves.

Además agrega: “Dicha situación incide en el desfinanciamiento del presupuesto general y en la difícil situación de la red nacional de salud a la que tiene que enfrentarse cotidianamente la gran mayoría de la población que no forma parte del sector público o los empleados que no gozan de tales beneficios”.

Ante esto la Sala de lo Constitucional ordenó que los órganos del Estado dejen de contratar este tipo de servicios: “Por tanto, los órganos e instituciones de gobierno deberán abstenerse de realizar gastos en nuevos contratos de seguros médico-hospitalarios para sus funcionarios y jefaturas; o en su defecto, buscar alternativas presupuestarias razonables, como establecer un sistema que permita una responsabilidad compartida en el gasto, con fondos estatales y pagos parciales mayoritarios de las primas, realizados por los mismos beneficiados; todo de tal manera que guarde coherencia con el financiamiento equilibrado del presupuesto general”, estableció la sentencia.

A principios de julio la junta directiva de la Asamblea Legislativa aprobó la contratación de una red de hospitales y médicos privados para atender emergencias médicas a un costo de $4.5 millones. Esto, debido a que no se pudo contratar un seguro médico privado que se estaba buscando desde principios de año.

Para tal propósito los directivos del Órgano Legislativo aprobaron erogar $6.5 millones a finales de 2016 para contratar los servicios de una aseguradora, la cual había establecido otra tarifa para seguir prestando el seguro médico universal, por lo que el acuerdo fue desestimado.

Ya entrado el 2017 se decidió acudir a la bolsa de servicios para la adquisición del seguro, pero al no conseguir resultados se lanzó una licitación que tampoco logró nada.

Por tal razón se optó por la contratación directa desde abril pasado, terminando en julio con la adquisición de los servicios profesionales por parte de una compañía que gestionará esta red de emergencias.

Algunos diputados como Juan Valiente del partido ARENA han cuestionado la medida por considerar que contribuirá a aumentar el desprestigio del Primer Órgano del Estado, además que podría prestarse a que la Corte de Cuentas de la República realice una auditoría, ya que se optó por contratar una modalidad de servicio distinta a la que en un principio solicitaba la Asamblea.

“La Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) permite sacar a licitación una vez, si esta se declara desierta se hace una nueva licitación y si esta se declara desierta, entonces se va a contratación directa, pero se va a contratación directa bajo los mismos términos”, explicó Valiente en una reciente entrevista con Diario 1.

Fue el mismo Valiente quien estimó en febrero de este año que el Estado en su conjunto gasta un aproximado de $50 millones en seguros médicos privados para funcionarios y empleados, pese a que estos ya cuentan con la cobertura del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), descontado mensualmente en sus planillas de pago.

El rotativo de circulación nacional La Prensa Gráfica publicó en marzo pasado que entre 2012 y 2016 todo el aparato estatal gastó $144.6 millones en contrataciones y pagos de seguros de personas, lo cual incluye seguro de vida, médico hospitalario y de fidelidad.

En respuesta a esto el Secretario Técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, anunció un decreto de austeridad que buscaba recortar el uso de $51 millones de dólares, pero que no tocaría los seguros médicos adicionales que estarían pagando ciertas instituciones públicas.

El jefe del gabinete económico argumentó que se debía cumplir con los contratos establecidos previo al lanzamiento del decreto y que el Órgano Ejecutivo no hace mucho uso de seguros médicos privados, sino más bien de seguros de fianzas.

Asimismo se estableció que estas medidas de austeridad solo atañen al Órgano Ejecutivo y que no son vinculantes con los servicios de este tipo que contratan tanto los Órganos Legislativo y Judicial.

Lejos de anunciar que acatará las indicaciones de la Sala de lo Constitucional, emisarios del gobierno y del partido oficialista FMLN han criticado la sentencia que declara inconstitucional el presupuesto de este año. Algunos señalan que la medida tienes tintes políticos y hasta cuestionan si los magistrados de la Sala pondrán de su parte para reducir los gastos que ellos han ordenado suspender.

Mientras que otros organismos como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), han aplaudido la sentencia al considerar que con la misma se ayudará a ordenar las finanzas estatales y eliminar la tendencia gubernamental de presentar presupuestos desfinanciados, así como la costumbre de desviar recursos para organizaciones privadas ligadas a partidos políticos y la contratación de seguros médicos privados adicionales a la cobertura del ISSS con la que ya cuentan los servidores públicos.

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Un hombre identificado como Edwin Antonio Mejía Mena que se encontraba destacado en el Batallón Presidencial murió a tiros la madrugada de este sábado en las cercanías de su vivienda ubicada en el cantón Tierra Blanca de Zacatecoluca, departamento de La Paz.

Según reportes, Mejía se encontraba a esas horas departiendo e ingiriendo bebidas alcohólicas con otra persona, cuando se vieron involucrados en un tiroteo, aparentemente con miembros de la Policía que patrullaban el lugar.

Mejía y el otro sujeto identificado como Carlos Alberto Pacheco Portillo, murieron en el tiroteo que habría sido ocasionado en respuesta a un ataque sufrido minutos antes un agente policial.

En la escena el Instituto de Medicina Legal descubrió una funda del arma asignada a Mejía.

La Fiscalía General de la República (FGR) contabiliza el hallazgo de al menos seis escenas de homicidio en lo que va de este sábado, incluyendo cuerpos mutilados descubiertos en Apopa y el sector de Los Planes de Renderos.

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Elementos de la Sección Táctica Operativa (STO) de la Policía Nacional Civil capturaron la madrugada de este sábado a nueve cabecillas de la facción revolucionaria del Barrio 18 que estaban reunidos en un bar de la capital ubicado en el sector conocido como “Zona Real”, según detallaron fuentes policiales.

La Policía dio con los malhechores a través de denuncias de los clientes del lugar quienes llamaron al sistema de emergencias 911, debido a que los vigilantes del lugar no pudieron hacer nada para controlar la situación.

El parte policial sostiene que al advertir la presencia policial, los pandilleros se dispersaron dentro del negocio, en un intento infructuoso por confundirse con el resto de consumidores y evadir a las autoridades, sin embargo la Policía dio con nueve de los ahí reunidos.

Los detenidos se negaron a responder al interrogatorio de sus captores, ante la sospecha de que se trataba de una reunión de planificación de atentados delictivos y demás ilícitos.

Los cabecillas detenidos responden a los nombres de Jonathan Ernesto Vásquez Martínez, líder de la clica “Colombia Liro Sayco”; Jonathan Abraham Rojas Hernández; Mateo Enrique Martínez Velásquez, cabecilla de la clica “Shaopar SPLR”; José Ángel Molina Aguilar; Ismael Alejandro Martínez Aguilar, líder de la clica “Hollywood Ganster”; Luis Alejandro Flores Tejada; José Antonio Rodríguez; Jorge Alberto Cardenal Landaverde, líder de la “Columbus R” y un menor identificado como Ernesto Vladimir.

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Dos hombres fueron asesinados la madrugada de este domingo frente a una panadería ubicada en la Colonia El Ángel en el municipio de El Refugio en el departamento de Ahuachapán, según reportes emanados en dicho departamento.

El hecho fue confirmado horas más tarde por la Fiscalía General de la República (FGR). Los asesinatos habrían sido cometidos con arma de fuego y las víctimas aun no han sido identificadas, aunque testigos de la escena comentaron que se trataba de dos trabajadores de dicha panadería.

Otros informes hablan de otras dos personas heridas de bala, entre ellos el propietario del negocio, quien habría sido trasladado al Hospital Nacional de Chalchuapa.

Instantes más tarde el Ministerio Público informó sobre otro doble homicidio acaecido en la Colonia San Ramón del municipio de Mejicanos en el departamento de San Salvador, una zona comúnmente asediada por pandillas.

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La Policía Nacional Civil interceptó la tarde del sábado un pickup rojo durante un control vehicular de rutina efectuado sobre el kilómetro 51 de la Carretera Panamericana, en la arteria que de San Salvador conduce a Santa Ana.

Lo que parecía un procedimiento rutinario cambió cuando uno de los elementos de la unidad canina olfateó droga al interior del vehículo. Concretamente el canino, de nombre “Randy”, apuntaba a una de las llantas del automotor.

Al proceder con el retiro de la rueda se descubrieron 30 paquetes de marihuana, los cuales fueron incautados en el acto y se procedió al arresto del conductor identificado como Edwin Emilio Urias Motto de 40 años de edad.

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Diario1 reproduce íntegramente la más reciente posición institucional de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), respecto a las críticas dirigidas por el Gobierno a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por las recientes sentencias que han declarado inconstitucionales el presupuesto general de la nación del año 2017 y la reciente reforma al Fideicomiso de Operaciones Previsionales (FOP) que facultaba al Ejecutivo tomar hasta el 50% de los fondos de pensiones.

***

Han sido ya muchos años en los que la voluntad y el diálogo constructivo fueron sustituidos por correlaciones para imponer forzadamente una serie de políticas que han provocado incertidumbre jurídica, fomentado la descon­fianza y generado un ámbito de desesperanza entre los mismos salvadoreños, quienes ya no visualizan su tierra como una con futuro próspero para sus hijos.

La inseguridad, falta de crecimiento económico y oportunidades de empleo, defi­ciencia en la entrega de los servicios básicos, despilfarro de recursos limitados, corrupción y burocracia que afectan directamente a todos los salvadoreños, se refleja incluso en la manera como se gestionan los instrumentos fundamentales de política pública para una buena gobernanza del país.

Uno de esos instrumentos es el Presupuesto General de la Nación, el cual no solo dejó de proyectar adecuadamente las fuentes y usos de los fondos públicos, sino también dejó de apoyar una visión que oriente al país por el sendero de la prosperidad. A nadie sorprende que la realidad se ha venido imponiendo frente a las incongruencias del Presupuesto.

La condición de impago, falta de medicinas en los hospitales públicos, decrépita infraestructura escolar, y las caídas en la cali­ficación de riesgo del país son evidencia de ello. No debería, por lo tanto, sorprendernos que ahora la Constitución se impone frente a las ilegalidades presupuestarias.

Este es un momento de inflexión en el que se requiere madurez, templanza, y sabiduría. Más aún, el momento demanda voluntad genuina y liderazgo propositivo, y que se abandonen posiciones férreas, para promover el diálogo, construir con­fianza, acordar y cumplir compromisos, sin perder de vista que son los ciudadanos salvadoreños y sus familias quienes deben estar al centro de todo.

Son estos tiempos los que requieren del más alto respeto a la institucionalidad democrática del país, pues no es posible encontrar soluciones a los problemas de las personas si se fomenta el desorden y la confrontación. Los salvadoreños demandan, sin demora y con certeza, que sus representantes respeten el Estado de derecho y cumplan con el orden jurídico que establece la Constitución.

A cambio, los ciudadanos, sus organizaciones de la sociedad civil, la academia y centros de pensamiento, estamos a la disposición para aportar y encontrar soluciones a los principales problemas que agobian a nuestra población.

Como salvadoreños, estamos convencidos que no hay barrera lo su­ficientemente grande que juntos no podamos sobrepasar, para avanzar hacia un mejor porvenir.

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El gobierno salvadoreño anunció este sábado que trabajará para evitar que en Estados Unidos se estigmatice a migrantes de su país, donde también actúa la Mara Salvatrucha (MS-13), a la que le ha declarado la guerra la administración norteamericana.

El presidente Salvador Sánchez Cerén sostuvo que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de EEUU, la comunidad migrante de su país afronta más retos y calificó como un error que se quiera estigmatizarlos.

“Con las últimas declaraciones se quiere victimizar a los salvadoreños migrantes. Es un fuerte error y en unión con ustedes debemos garantizar el derecho humano de todos los salvadoreños de ser tratados como personas”, dijo el mandatario durante un evento con representantes de organizaciones de defensa de derechos de los migrantes.

Sánchez Cerén se refirió a lo expresado por Trump el pasado viernes, cuando calificó a la pandilla MS-13 de “animales” y abogó por una política de deportaciones más severa contra migrantes centroamericanos, de donde procede la mayor parte de la membresía de esta pandilla.

Por su parte, el canciller Hugo Martínez expresó: “Lo que no vamos a permitir es que se estigmatice a nuestra comunidad migrante”.

Para defender a los salvadoreños, dijo Martínez, el gobierno utilizará “todos los recursos” legales, entre ellos las propias leyes estadounidenses, y en algunos casos instancias internacionales.

La Mara Salvatrucha, afirmó el jefe de la diplomacia salvadoreña, es una organización criminal transnacional que se “originó” en las calles de Los Ángeles, Estados Unidos, por lo que no solo está integrada por salvadoreños.

Además destacó que de los 190.000 salvadoreños que están actualmente amparados en el estatuto de protección temporal conocido como TPS en Estados Unidos, el 88% son “fuerza laboral activa” y de ellos el 53% tienen una hipoteca y están pagando por su lugar de vivienda.

Del total de salvadoreños que tienen TPS, 37.000 trabajan en la construcción, 22.500 en restaurantes y otros servicios, unos 12.000 en la agricultura y jardinería y 7.900 en hotelería.

“Entonces, no podemos aceptar -bajo ninguna circunstancia- que se quiera poner en un mismo paquete a la comunidad salvadoreña migrante, que es una comunidad honrada, pujante, trabajadora, con un pequeño grupo de personas que están en las organizaciones criminales”, subrayó.

El funcionario dejó claro que “si Estados Unidos quiere combatir a las organizaciones criminales, estamos listos para hacerlo junto a ellos”.

En la ruta de establecer la cooperación, recordó que el jueves y viernes estuvo en San Salvador el fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, con quien “intercambiaron información” para frenar a las pandillas.

Sessions, que se reunió el viernes con los fiscales de Guatemala, El Salvador y Honduras, advirtió sobre el peligro de la expansión internacional de la MS-13, a la que calificó como una de las pandillas más brutales del mundo, cuyos “tentáculos” están incluso a pocos metros del Capitolio.

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Un agente de la Policía Nacional Civil fue raptado por pandilleros en Villa Tzuchi San Juan Opico y rescatado en Quezaltepque, La  Libertad, según informó la corporación policial.

Las autoridades detallaron que el agente se encontraba de licencia y salió a comprar a una tienda cercana a su vivienda, cuando fue privado de libertad por pandilleros.

La Policía fue alertada e inmediatamente se organizó un plan de rescate, el cual fue positivo, pero se alargó hasta el municipio de Quezaltepeque.

El agente, cuya identidad no se publica por su seguridad, fue rescatado, pero se encuentra en grave estado de salud debido a los golpes que sufrió a manos de los delincuentes.

Varios pandilleros fueron capturados en este procedimiento.

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El Ministerio de Economía anunció una alza en en los precios de los combustibles de hasta $0.10 para la quincena del 1 al 14 de agosto de 2017.

La gasolina especial incrementará en $0.10 en las tres zonas del país. Asimismo, la gasolina regular subirá $0.09 en la zona central y occidental, mientras en la zona oriental aumentará $0.08.

El diésel incrementará $0.09 a nivel nacional.

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