La iniciativa de 146 congresistas y senadores federales en Estados Unidos que en enero pasado abogaron por poner un alto a las deportaciones y brindar asilo a los migrantes del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, Honduras y El Salvador) que escapan de la violencia criminal, ha quedado soterrada por la actual coyuntura preelectoral estadounidense, en la que tanto el Partido Demócrata como el Republicano debaten internamente para definir quién contenderá para ser el sucesor de Barack Obama.
Pero cerca de 450 organizaciones pro-inmigrantes en el país del norte buscan que ese tema no quede en el olvido y quieren aprovechar la temporada de promesas electorales para cabildear con los precandidatos más potables a llegar a la Casa Blanca para que se retome la iniciativa.
Para Jorge Méndez, un salvadoreño que radica en el estado de Virginia y que es el director de Organización Social de la organización comunitaria CASA, no hay que esperar hasta que el próximo presidente estadounidense sea electo, sino que se debe presionar para que las actuales autoridades detengan la ola de deportaciones intensificada este año por el Departamento de Inmigración.
La razón para pedir esto es que según Méndez, cerca del 90 por ciento de los inmigrantes centroamericanos con los que CASA ha entablado contacto, admiten que tomaron la decisión de radicar en Estados Unidos principalmente por la violencia que viven en sus países, la cual ha derivado en algunos casos hasta en amenazas directas de muerte.
La propuesta del colectivo de organizaciones que promueve un nuevo Status de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés) para centroamericanos que huyen de la violencia, abarca a aquellos que han migrado desde 2010, comentó este líder comunitario vía telefónica a Diario1.
De acuerdo a Méndez, el principal problema que afronta esta iniciativa no está en la clase política estadounidense, ya que asegura que han encontrado anuencia por parte de los precandidatos presidenciales del Partido Demócrata, especialmente del senador por el estado de Vermont, Bernard Sanders.
El principal problema en palabras de este activista de los derechos de los migrantes, está en la renuencia del gobierno salvadoreño manifestada por la embajada en Estados Unidos: “Se ha cabildeado con el embajador Francisco Altschul para tener su apoyo y no hay apertura de su parte (…) “No entendemos por qué el gobierno se niega a pedir un TPS para desplazados por la violencia”, expresó.
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El gobierno salvadoreño que preside Salvador Sánchez Cerén se niega a aceptar la existencia de desplazados de la violencia. La oenegé Refugees International calculó que en 2014 unos 288,000 salvadoreños huyeron de la guerra que mantienen la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 y la que cada una por su lado emprende contra el Estado. En un informe recomendó al Estado reconocerlos y crear una comisión para atenderlos.
A juicio del representante de CASA, la idea es que el gobierno salvadoreño apuesta a afrontar el problema con el apoyo prometido por Washington como parte del programa “Alianza para la Prosperidad”, que destinará 750 millones de dólares para atacar las “causas de la violencia” en estos países”.
Méndez aplaude esta iniciativa, pero considera que la inversión para atacar las causas estructurales de la violencia en el Triángulo Norte Centroamericano será un proceso largo y que actualmente se debe atender el “tema humanitario” de la migración.
“La migración hoy por hoy no es solo el problema económico, es un problema más allá del problema económico. El problema es humanitario, es de vida o muerte para los migrantes”.
En muchos casos, agrega Méndez. Estados Unidos está mandando a los migrantes salvadoreños que deporta a morir en sus países, y en la mayoría de las circunstancias no son personas que tengan antecedentes penales.
“De cada cinco personas que están en peligro de deportación, menos de una tiene antecedentes penales (…) Son familias completas las que están en esta situación”, señaló.
Otro factor que influye en las deportaciones, concluye el representante de CASA, es que cerca del 50 por ciento de personas atrapadas en redadas de Migración no tuvieron acceso a asistencia legal, por lo que considera importante concientizar a la comunidad migrante hispana sobre sus derechos al verse confrontados en situaciones semejantes.
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