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Remoción de la lista OFAC producto de compra de protección con Ex Fiscal

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Un alto personero de las agencias de seguridad de los Estados Unidos aclaró a Diario 1 que la remoción de la lista Kingpin de Chepe Diablo en ningún momento significa que Chepe y sus compinches no sean en un futuro enjuiciados en Estados Unidos y amplió que la exclusión es producto de que durante el periodo de Luis Martinez el designado y sus asociados contrataron un bufete muy poderoso en estos temas en Washington DC, el cual negoció con OFAC la remoción, tomando como base el hecho que el Fiscal Luis Martínez les extendiera cartas diciendo que en la Fiscalía no tenían investigación alguna ni evidencia en su contra, lo cual evidentemente no era cierto.

Por casi tres años, el metapaneco José Adán Salazar, apodado Chepe Diablo, fue el único salvadoreño designado dentro de la Ley de Cabecillas de Cárteles del gobierno de los Estados Unidos, debido a que información manejada sobre las actividades comerciales del empresario de 69 años llevó a Washington a considerar que él tenía un papel preponderante en el tráfico internacional de drogas.

Pese a la designación, Salazar vio cómo su emporio empresarial crecía, sin que las autoridades gubernamentales y judiciales le pusieran reparo. El hombre, quien cambiaba colones por quetzales en el paso fronterizo Anguiatú con Guatemala a principios de los 90, consolidaba cada vez más su fortuna, con una red de negocios que a cualquiera causaría extrañeza.

Chepe Diablo mantuvo un perfil bajo en los últimos años, luego que tiempo atrás se daba hasta el lujo de adornar páginas de periódicos, sacándose fotografías con prominentes políticos y representantes de grupos empresariales poderosos en el país.

Pero todo cambió el pasado martes 4 de abril, cuando en un amplio operativo, la Policía Nacional Civil (PNC) lo capturó a la salida de una casa de campo a las orillas del Lago Coatepeque. La Fiscalía General de la República lo acusó de lavado de dinero, junto a su hija, su exesposa y la excónyugue del alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa.

Tres días después de la captura y luego que las autoridades dieran cuenta de la dimensión de los ilícitos que se habrían cometido mediante las empresas de Salazar Umaña y su núcleo familiar, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, decidió actualizar su lista Kingpin y retirar el nombre del metapaneco de la misma.

A través de un comunicado emitido por la embajada estadounidense acreditada en El Salvador, la revisión se dio luego que el Departamento del Tesoro recopilara más información, que le llevó a la conclusión de que Salazar Umaña había dejado de jugar un papel continuado en el tráfico internacional de narcóticos.

No obstante, en uno de los párrafos del comunicado, se puede leer lo siguiente: “La exclusión de su nombre de esta lista OFAC no debe ser visto en el contexto de otras actividades delictivas en la que esta persona puede estar o haber involucrado”.

Asimismo se señala: “Las instancias legales dentro o fuera de Estados Unidos pueden tomar acciones civiles o criminales contra personas incriminadas o excluidas de la lista”.

comunicado usa

Eso deja la puerta abierta a que, aunado al proceso abierto en el país por lavado de dinero, Estados Unidos pueda, en cualquier momento, emprender acciones legales contra Salazar Umaña.

En conferencia de prensa ofrecida el pasado miércoles, el fiscal general Douglas Meléndez aclaró que la investigación contra la red de lavado de dinero, encabezada por Salazar Umaña, no dependía de la designación de Estados Unidos como capo internacional de la droga.

De igual forma dejó entrever que estaban previendo que Estados Unidos quitara la designación contra Salazar Umaña. De hecho, cuando se dio a conocer dicha noticia este viernes, voceros de la Fiscalía no se mostraron sorprendidos ante el hecho.

Durante la conferencia de prensa del pasado miércoles, Douglas Meléndez fue enfático al decir que la investigación contra Salazar fue engavetada por su antecesor, el exfiscal Luis Martínez, de quien además expresó que tenía todos los elementos para investigar a “Chepe Diablo por lavado de dinero”.

El 6 de abril de 2016, el fiscal Meléndez señaló que se había encontrado con una gran cantidad de investigaciones engavetadas, entre ellas, la de José Adán Salazar.

Cuando fue cuestionado en sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el rotativo La Prensa Gráfica en 2014, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.

Sin embargo, según un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al exfiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas, indicaban lavado de dinero proveniente de actividades que los investigados, habiendo tenido amplia oportunidad de aclarar esa situación, nunca pudieron justificar el origen lícito de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.

El 8 de abril del 2014, durante la gestión de Martínez, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Salazar Umaña, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.

Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.

Tanto Umaña Samayoa, como su hijo, Wilfredo Guerra, figuran en la investigación por lavado de dinero en la que se encuentra vinculado “Chepe Diablo”, por un monto de $215 millones, pero ambos se encuentran prófugos de la justicia.

Además de engavetar y minimizar dicha investigación, el exfiscal Martínez pudo además jugar un papel en obstaculizar la misma. De acuerdo con un personero de una de las agencias de seguridad de los Estados Unidos, debido a que el extitular del Ministerio Público eludió investigar a Chepe Diablo por lavado de dinero, este empresario hizo contactos con uno de los bufetes más importantes de la ciudad de Washington, para convencer a la OPAC que se le quitara de la lista.

Mientras el proceso por lavado de dinero transcurre en El Salvador, más de una veintena de propiedades ligadas a Salazar Umaña, el alcalde Juan Samayoa y Wilfredo Guerra, han sido intervenidas con un proceso abierto de extinción de dominio. Esto significa que las mismas seguirán operando, bajo el control del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), mientras se les da la oportunidad a los acusados de demostrar que las mismas, no fueron adquiridas por medios ilícitos como el narcotráfico.

Pese a la eliminación de Adán Salazar de la lista Kingpin, la Fiscalía no descartó que parte de la cuestionable fortuna de su núcleo familiar, esté ligada al trasiego de droga.

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