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UCA pedirá sobreseimiento para Cristiani por masacre de jesuitas

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Los sacerdotes de la UCA lo tienen claro: el expresidente Alfredo Cristiani no fue informado por el Ejército sobre el operativo que acabó en la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos empleadas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

“Todo indica a que al presidente Cristiani no se le informó que iban a matar a los jesuitas”, manifestó este jueves el padre José María Tojeira, exrector de la UCA, en la entrevista televisiva RepúblicaSV.

En ese sentido, Tojeira dijo que pedirán el sobreseimiento para el expresidnete Cristiani en el juicio que se realiza en España contra los responsables de la masacre ocurrida el 16 de noviembre de 1989, en plena guerra civil.

No obstante, Tojeira piensa que el expresidente Cristiani sí “encubrió a los criminales” que perpetraron la masacre.

El pasado lunes, el exviceministro de Seguridad Inocente Montano reconoció ante el juez que le investiga por el asesinato de cinco jesuitas españoles que asistió a la reunión de la cúpula militar en la que supuestamente se planeó la matanza, pero defendió que él no escuchó nunca esa orden.

Montano, excoronel del Ejército, fue extraditado la semana pasada desde Estados Unidos para ser juzgado en España por su implicación en esos asesinatos ocurridos durante la guerra civil de El Salvador (1980-1992) y dio su versión ante el juez que lleva el caso.

Según fuentes presentes en la declaración, Montano admitió ante el juez de la Audiencia Nacional de España Manuel García Castellón que asistió a una reunión celebrada el 15 de noviembre de 1989, la víspera de los asesinatos de los cinco jesuitas, incluido el entonces presidente salvadoreño, Alfredo Cristiani.

Al día siguiente, un grupo de militares asaltaron la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador y causaron la muerte de cinco sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos el entonces rector Ignacio Ellacuría, además de a otros tres ciudadanos salvadoreños.

El exmilitar afirmó que en ese encuentro se acordó el plan de acción del Ejército para luchar contra la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, aunque según se le informó, este plan no preveía el uso de la “fuerza indiscriminada”.

Según su versión, él nunca escuchó en esa reunión ninguna orden de matar a los jesuitas que estaban mediando en el conflicto.

Pedirán extradición de otros militares

La Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe) celebró la entrega del excoronel y exviceministro de Defensa salvadoreño Inocente Montano, por su presunta participación en el asesinato de cinco jesuitas españoles en 1989, e instó a El Salvador a la extradición de los otros militares procesados.

La Apdhe ejerce como acusación popular en el proceso que se lleva a cabo en España contra los militares presuntos responsables de esa matanza que tuvo lugar el 16 de octubre de 1989 en la Universidad Centroamericana (UCA) en El Salvador, en la que murió, entre otros, el entonces rector Ignacio Ellacuría.

En un comunicado, la asociación se refiere a la decisión adoptada el pasado día 30 por el juez de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón de enviar a prisión preventiva a Montano, de 74 años, al apreciar un “evidente” riesgo de fuga, después de que el día anterior llegara a España extraditado por Estados Unidos.

El juez considera que Montano, que llevaba más de dos años en prisión en EE.UU esperando su extradición a España, participó “activamente en la decisión y el diseño” del asesinato de los jesuitas durante la guerra civil en El Salvador (1980-1992).

Por eso, para la asociación, la llegada de Montano a España constituye “un hito de gran relevancia para la justicia universal y un gran avance en la lucha contra la impunidad, y el derecho de reparación que asiste a todas las víctimas de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional en su conjunto”.

La asociación insta al Estado salvadoreño a extraditar a los restantes militares procesados, que actualmente residen en el país centroamericano.

Sobre ellos, según la asociación, pesa una orden de detención internacional por crímenes de lesa humanidad y terrorismo como consecuencia de unos hechos que “permiten inferir su participación en la matanza” de los jesuitas, además de tres ciudadanos salvadoreños en 1989.

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